Ya sabemos que la gran paradoja en el Congreso de la República es que se legisla casi siempre al margen de la ley. La última transgresora es María Acuña Peralta, quien, desde agosto de 2024, se convirtió en la todopoderosa presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), a pesar de que por entonces estaba siendo investigada en el Ministerio Público por delitos graves y, por lo tanto, estaba impedida por el reglamento del Congreso de la República de asumir tal cargo. Pero ella no se dio por aludida y siguió al frente de una comisión que no le correspondía por ley presidir. 

La primera campanada la dimos en el dominical Panorama. El foco de la escandalosa primicia fue el impedimento legal que tenía Acuña para asumir la presidencia de la SAC, este artículo apunta ahora a poner luces sobre las consecuencias que podría traer esa transgresión, la dimensión más trascendental: que todo lo actuado en esa comisión congresal durante su mandato podría ser declarado nulo. Sí, incluidos los blindajes a la presidenta Dina Boluarte, entre otros.

El reglamento del Congreso es claro, aunque tal parece que no para todos: el artículo 20 señala que ningún parlamentario puede integrar la SAC si se encuentra comprendido en un proceso penal. “Comprendido”, no condenado. El sólo hecho de tener una investigación formalizada basta y sobra para estar impedido de integrar esa comisión. ¿Y qué había en el caso de María Acuña? Una investigación formalizada desde junio de 2024 por la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Los cargos son graves: fraude procesal y denuncia calumniosa. Es decir, la señora Acuña jamás debió aceptar el encargo, pero lo hizo y el Congreso, bien, gracias, la dejó pasar.

María Acuña, para mayores señas, es la hermana del multifacético César Acuña, el dueño del partido que es aliado del gobierno, Alianza para el Progreso; el dueño de la universidad César Vallejo; el presidente regional de La Libertad y el  mismo de la lluvia de millones en licitaciones sospechosas que en esa región entregó a la joven Lucero Coca de 23 años y su empresa recientemente creada.

María Acuña no se queda atrás y hace mérito al apellido que es uno de los pilares que sostiene el gobierno de Dina Boluarte. Fue en agosto del 2024, sólo dos meses después de formalizada la investigación preparatoria en su contra, que esta congresista se sentó a la cabeza de la SAC, ese pequeño cónclave congresal que decide si una alta autoridad pública, un aforado, debe ser o no procesada por delitos graves. María Acuña se ha convertido en una especie de semáforo averiado que da luz roja y verde arbitrariamente, dependiendo de quién sea el aforado. Desde su posición de presidenta de esa comisión tomó decisiones que alteraron el rumbo de una serie de denuncias constitucionales de alto calibre. Entre ellas, el caso Rolex contra Boluarte y la denuncia por las decenas de muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Ambas terminaron en el archivo. Hizo lo propio con la investigación a Patricia Benavides, exfiscal de la Nación suspendida por 24 meses, quien ahora puede regresar, vibrante como una estrella aprista, gracias al voto de una subcomisión presidida por quien no debería presidirla.

¿Y si todo eso fuera inválido?

Esa es la verdadera amenaza que se cierne sobre el Congreso. Porque no hablamos de una falta ética menor ni de una omisión administrativa. Estamos ante un vicio de origen que podría anular todas las decisiones adoptadas en la SAC desde que Acuña tomó el timón de la misma. Es decir: las votaciones, los informes, los archivos, los blindajes y los rechazos podrían ser jurídicamente insostenibles y hasta apelados ante el Poder Judicial. Estamos frente a un dominó institucional que podría caer pieza a pieza si alguien se anima a empujarlo.

El argumento de defensa de la congresista es, por decir lo menos, creativo. En un mensaje enviado al medio que había alertado sobre este hecho, Panamericana TV, María Acuña asegura que el artículo 20 debe interpretarse “a la luz de los principios constitucionales” como la presunción de inocencia. Más aún, sostiene que no estaba comprendida en un proceso penal porque el fiscal, posteriormente, pidió el archivo del caso. Dos errores, dos falacias juntas. 

El abogado Andy Carrión sostiene que el investigado no requiere estar en juicio o sentenciado. Carrión explica que desde que el fiscal formaliza la “investigación preparatoria” ya “se puede decir que la persona se encuentra en el proceso penal como tal”. Entonces, si la congresista Acuña fue sometida desde junio del 2024 a investigación preparatoria, no podía, no debía presidir la SAC, según el reglamento  del Congreso  que tiene,  ojo, rango  de ley.

La congresista Acuña, que juró a Panorama desconocer la investigación fiscal en su contra cuando en agosto del 2024 aceptó  presidir la SAC, también aduce que el fiscal del caso ha pedido el archivo. Estoy en la facultad de afirmar que es cierto que la fiscalía ha pedido en marzo de este 2025 el sobreseimiento de la investigación, hecho que el Poder Judicial aún no sentencia y hecho que no resta que la congresista no debió asumir el cargo en agosto del 2024. La ley se cumple y una congresista de la  República, se supone, lo sabe.

Las consecuencias del olvido o la omisión de María Acuña

Lo más grave no es que María Acuña haya presidido la SAC con un proceso abierto. Lo más grave es que durante su gestión se tomaron decisiones que impactan directamente en la búsqueda de justicia para hechos lacerantes de nuestra ya herida democracia. ¿Cuántos blindajes se sostienen en una presidencia irregular? ¿Cuántas decisiones nacieron viciadas desde que el reglamento fue violado?

La Subcomisión no es cualquier mesa de partes. La SAC  es la instancia previa al juicio político. Su composición, sus procedimientos y su legitimidad son claves para la limpieza de sus decisiones. Permitir que una persona inhabilitada por ley haya presidido sus sesiones es como permitir que el árbitro principal de un partido esté vetado por dopaje, pero igual dirija la final.

El Congreso, por supuesto, ha optado por el compás de espera. El presidente José Jerí, el sospechoso de haber abusado sexualmente de una mujer a la que invitó a su casa, declaró que evaluará el caso. Promesa poco creíble, él mismo fue el ponente que propuso el archivo de uno de los casos contra Dina Boluarte. El reglamento no  da lugar a ambigüedades ni dudas: si tienes un proceso penal abierto, no puedes estar en la SAC. Punto.

No obstante, ahí estuvo y está María Acuña. No como miembro menor o suplente, sino como presidenta de la comisión con voto dirimente. Dueña de la agenda, del ritmo y de la palabra. Aplaudida por APP, bancada de su hermano César Acuña, y por aliados estratégicos como Fuerza Popular, Acción Popular y otros ya evidentes escuderos de la impunidad.

¿Puede la democracia blindarse con manos sucias? ¿Puede una presidenta salvarse del juicio político gracias a una subcomisión liderada por quien debió estar fuera de juego?

En tiempos normales, estas preguntas serían escandalosas, la sola revelación de Panorama debió tener consecuencias, pero en el Perú de hoy, en el país del blindaje express, la respuesta no está en la ley. Mientras tanto, las víctimas de las protestas siguen esperando justicia, el caso Rolex se detuvo en el tiempo y las palmas compañeras de Alfonso Ugarte ya se escuchan con el retorno de Patricia Benavides.

Todo esto con la venia, la agenda y la firma de María Acuña. La presidenta que no debió ser.