El último miércoles por la mañana, mientras las pantallas de TV se regodeaban con el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, agentes fiscales ingresaban de forma sorpresiva a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho. Allí, un funcionario hablaba por celular con alguien llamado “Wilfredo” y, con tono de derrota, le admitía que ya no podía hacer nada: los fiscales se estaban llevando todos los documentos de inspección relacionados a la mina El Dorado. La sospecha inmediata es que el tal Wilfredo era, por supuesto, Oscorima.
En Panorama, hace dos semanas, revelamos el poder que la familia Parodi —titular de la concesión de la mina El Dorado— estaría ejerciendo en Ayacucho al lograr dos inspecciones policiales en su zona en setiembre y diciembre del 2024. Esa “chalequeada policial” se habría conseguido solo con la venia del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y gracias al pago de al menos US$160 mil dólares bajo la mesa. Un precio módico, tratándose de blindaje oficial enviando policías desde Lima y Arequipa.
Para entender la denuncia: la familia Parodi es dueña de la concesión de la mina El Dorado y quería cortar su contrato con la empresa El Dorado, explotadora de sus terrenos. El lío se parece a la bronca entre dueño de casa (los Parodi) e inquilinos incómodos (la empresa El Dorado). El detalle es que aquí los inquilinos no podían ser desalojados con carta notarial, sino con fiscales, generales de la PNP y ministros. Así, la investigación del EFFICOP reventó este miércoles, apuntando a Santiváñez como benefactor de dos frentes: Franco Parodi, el empresario, y Nicanor Boluarte, el hermano presidencial que necesitaba certificados laborales para justificar arraigo judicial.
El operativo del miércoles se llamó Ícaro 2025, pero la presunta organización criminal carga ya un alias digno de película: Los Waykis del Dorado, con Juan José Santiváñez Antúnez como cabecilla. Lo que en Ayacucho se susurra, y que la fiscalía aún no marca, es la complicidad de Wilfredo Oscorima. El gobernador donador de Rólex y joyas a la presidenta Dina Boluarte, podría haber actuado, en realidad, como garante de los negocios dorados.
En la teoría fiscal, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gore Ayacucho habría favorecido de manera sistemática a la familia Parodi, aplicando inspecciones y sanciones letales contra sus enemigos, es decir, los “inquilinos” de la mina, para asfixiarlos hasta la quiebra. Es decir, mientras en Lima los Parodi lograban protección policial con Santiváñez, en Ayacucho conseguían el respaldo del gobernador Oscorima. Doble blindaje, uno con uniforme policial y otro con sello regional.Las fuentes en Ayacucho coinciden con otras evidencias: Parodi buscaba expulsar a la empresa El Dorado para meter a otra, representada por Gianfranco Meza, llamado el español. No por nada la fiscalía también allanó su vivienda.
Antecedente ayacuchano
En 2012, Franco Parodi y Wilfredo Oscorima ya habían sido denunciados por presunto tráfico de influencias. El caso nació casi muerto con los poderes, según las fuentes, que Oscorima ya ejercía aquél año, en su primera gestión como gobernador. Parodi y Oscorima, una pareja, digamos, de reincidente relación.
Una red con lógica mafiosa
No son favores aislados. La fiscalía describe una red reticular: abogados que direccionan contratos, generales que hacen operativos a pedido, empresarios que pagan, burócratas que mueven papeles. Santiváñez aparece como el nodo central, el “hombre clave” de la telaraña.
Sin embargo, los capítulos de esta saga aún se escriben. En Panorama mostramos un documento de julio de 2024, membretado por el estudio Santiváñez Antúnez a favor de Franco Parodi, exigiendo S/17 millones a la empresa El Dorado. Hoy cabe preguntarse: si Santiváñez y Nicanor habrían tenido tarifa, ¿las operaciones del wayki Oscorima fueron gratis? Muchos capítulos quedan por escribir de esa amistad dorada como el oro.
