La actitud con la que los congresistas conservadores (que son muchas y muchos) abordan la violencia contra la mujer y la niña, es realmente cruel. Para estos, por ejemplo, no solo es normal, sino que debe ser obligatorio, que una niña violada menor de 14 años dé a luz. No les importa siquiera que el violador haya sido su tío, su abuelo o su propio padre ni que la salud de la niña, cuyo cuerpo no está preparado para llevar un embarazo, este en peligro. Salud física y mental, me refiero. Por eso mismo y debido a la presión ejercida por la congresista fundamentalista, la pastora Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, el Instituto Nacional Materno Perinatal (la maternidad de Lima) tuvo que eliminar una causal fundamental del protocolo o guía de atención para acceder al aborto terapéutico: el daño a la salud mental que se produce en una menor cuando el embarazo es producto de una violación sexual y/o cuando hay malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Como se sabe, el aborto terapéutico es legal desde 1924 (aunque su guía de atención se haya elaborado hace una década) y como bien señaló recientemente en un programa televisivo Susana Chávez, directora de incidencia de PROMSEX, “no está en discusión”, y se sigue realizando a pedido de la menor afectada o de sus padres o tutores.  Sin embargo, se les ha cortado las alas a los médicos (ojalá que no a todos) al impedírseles llevarlo a cabo pues según la congresista fundamentalista no existiría daño a la salud mental de las niñas. Milagros Jáuregui es incapaz de considerar las graves consecuencias de su malhadada iniciativa. En nombre de dios, según ella. No hay que olvidar que en el Perú, en 2024, 38,234 menores entre los 15 y 19 años se convirtieron en madres y 1,072 entre los 11 y 14 años, también. Y no estoy considerando acá el número de niñas menores de 14 cuyo embarazo, de alguna manera, se frustró.

El tema del aborto terapéutico es solo uno entre los muchos que atentan contra los derechos de las mujeres y niñas. Tengo frente a mí un libro virtual que se presentó el 11 de julio: Recorrer el laberinto: Avances y desafíos de la política de género en el Perú de hoy (1990-2024. La autora es Jeannette Llaja, abogada experta en derechos humanos y políticas de género y su trabajo resume tres décadas de políticas de igualdad de género en el país.

A partir del 2021, de acuerdo a Jeannette, hay un retroceso sistemático en la agenda de género y una preocupante normalización de la violencia sexual. Justamente, al respecto hago un breve paréntesis para señalar que según el informe de los principales resultados 2024 de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) “el 56,5% de los hombres de 18 años a más justifican la violación sexual, en términos proporcionales, esto significa que seis de cada diez hombres avalan este tipo de agresión”. “Para el cálculo del indicador -se lee en la encuesta- se evaluaron cuatro afirmaciones. Entre ellas, las más aceptadas por los informantes fueron: ‘Si una mujer decide emborracharse y luego es violada, ella es responsable por lo que pasó’ y ‘Si una mujer no se resiste, realmente no se puede decir que fue violación’”.

Volviendo al texto de Jeannette Llaja, ella registra cuatro etapas en la historia de las políticas de género en el Perú: (i) La década de 1990: la dictadura. Entre el reconocimiento y el desprecio hacia las mujeres; (ii) Periodo 2001-2016: la democracia estable. Las políticas intersectoriales y la autonomía sexual y reproductiva en debate; Periodo 2016-2021. (iii) La consolidación de la política contra la violencia en un contexto de inestabilidad política, y (iv) Desde 2021 hasta la actualidad: el retraimiento del Poder Ejecutivo. Me detendré en esta última etapa.

Llaja sostiene, entre otras cosas, que el retraimiento del Poder Ejecutivo al que se refiere “se plasma en la legitimación de normas aprobadas en el Congreso destinadas a impedir o a retroceder en el reconocimiento de derechos, legitimación que se materializa en su decisión de no observar leyes que –explícita o implícitamente– el Congreso aprobó para limitar los derechos de las mujeres”.  Tal es el caso de la Ley 31498, que posibilita que las asociaciones de padres veten material educativo en virtud de sus creencias religiosas; o al de la Ley 32000, que reconoce el derecho a nacer de los no nacidos, dándole calidad de persona al concebido, lo que impedirá la despenalización del aborto.

A esto habría que sumarle el proyecto de ley que pretende redefinir el término género y restringirlo exclusivamente a la distinción entre hombres y mujeres, excluyendo interpretaciones basadas en identidad de género u orientación sexual, o el proyecto de ley que propone eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por el delito de asesinato de la pareja, se dice que en aras de la igualdad. Ante este despropósito cabe preguntarse ¿cuántos hombres peruanos han sido quemado vivos, descuartizados y metidos en una maleta, apuñalados más de treinta veces en el rostro o atropellados a propósito y abandonados en una carretera después de haber sido agredidos sexualmente? Ambos proyectos han sido presentados por dos congresistas de Renovación Popular, la inefable Jáuregui y Alejandro Muñante.

Lo lamentable es que el Legislativo se va saliendo con la suya. Al aprobar, la Ley 32107, que establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2002, están condenando a la no reparación a las víctimas de violencia sexual y esterilizaciones forzadas ocurridas en la década de los ochenta y noventa por agentes del Estado. Y es que tanto al Ejecutivo, comandado por una mujer, como al Legislativo poco a nada les interesa la situación de violencia que han vivido y viven las mujeres. 

Se podrá, me pregunto yo, acortar las brechas de la desigualdad y frenar la violencia de género en un país donde desaparecen alrededor de seis a siete mil mujeres cada año (6 mujeres por cada 10 hombres), donde la violencia sexual contra menores de edad se ha naturalizado, donde ocurren más de 12 feminicidios al mes, donde a igual desempeño laboral el salario es menor para las mujeres, donde más de la mitad de los hombres justifican la violencia sexual, donde el sector más conservador de nuestra clase política ve como una amenaza el término “enfoque de género”, el lenguaje inclusivo y la educación sexual integral y donde al Defensor del Pueblo, entre otros, no le parezca grave que el presidente de la Junta Nacional de Justicia tenga una sentencia por violencia familiar?