El presunto asesinato del adolescente Erick en la comisaría de Manchay no es un caso aislado, se acrecienta la espiral de violencia en espacios policiales, alentados por las leyes de impunidad policial y militar promovidas desde el Congreso por Fernando Rospigliosi

La Pista Clave pone al descubierto una escalada de violencia en las dependencias policiales y un patrón que dolorosamente se repite cada vez con mayor frecuencia: cinco personas perdieron la vida de forma violenta en los últimos dos meses, bajo custodia policial. Los detenidos han terminado ahorcados o desvanecidos a causa de una descompensación, pero siempre con signos de torturas. Las familias en medio del estupor y la impotencia denuncian crímenes policiales y exigen justicia.

Un calabozo oscuro para un adolescente en Manchay, una patrulla en Juliaca, una gélida comisaría en Puno, otra en Piura, un patrullero en Carabayllo y una carceleta en El Agustino, han sido los heraldos negros de la muerte de cuatro ciudadanos y un menor. En todos los casos la trama es parecida: una detención, una familia que no es notificada, un cuerpo violentado que reclama justicia. y una versión oficial que no cierra y que ocultaría un crimen encubierto. Esta extrema violencia acrecentada en las detenciones y retenciones policiales tendría un disparador: las leyes aprobadas en el Congreso que brindan protección a policías y militares que cometen delito “en funciones”. El efecto ha sido inmediato: está otorgando súper poderes a las fuerzas del orden y volviendo casi invisibles a las víctimas de los abusos cometidos por militares y policías.

El mismo día que Erick de 17 años permanecía en el calabozo y era presuntamente torturado por efectivos policiales de la Comisaría de Manchay, en el Congreso de la República, el presidente del Parlamento. Fernando Rospigliosi, defendía ardorosamente su sexta propuesta legislativa que busca proteger a los policías y militares que cometan delitos durante sus funciones: la norma propone que sean juzgados en el fuero militar y no en el civil.

Un mes después del presunto crimen en la comisaría de Manchay, el presidente del Congreso, no sólo protege a los policías abusivos, también denigra la memoria y el honor del menor fallecido: “Este individuo era un delincuente juvenil, estaba drogado y se suicidó” resumía con absoluta crueldad frente a los periodistas. Los padres del menor han anunciado una denuncia por difamación contra el presidente del Congreso.

Caso I — Manchay, Lima: “Sácame de acá porque me van a matar”

Erick, un estudiante, sin antecedentes policiales, tenía 17 años y soñaba con estudiar arquitectura.

La noche del 14 de junio, el menor fue encontrado inconsciente dentro de la comisaría por sus padres, luego de suplicar por un auxilio que nunca llegó. Su padre ha denunciado que los policías le pidieron pollo a la brasa y plata para entregarle a su hijo. Erick había permanecido casi dos días en un calabozo y bajo custodia en la comisaría de Manchay.

El informe pericial de necropsia al que tuvimos acceso detalla más de 20 lesiones traumáticas que presentaba el cuerpo del menor en la cabeza, en el cuello, en el abdomen, en la pelvis y en los miembros superiores e inferiores. Sólo en los brazos presenta 7 hematomas, 2 equimosis y una excoriación, mientras que en las piernas 5 hematomas, 4 equimosis y tres excoriaciones.

Erick fue sometido a una golpiza brutal. La policía dijo que encontraron el pasador de su capucha, intentando hacer creer una supuesta fatal decisión del menor, el mismo discurso repetido con crueldad por el presidente del Congreso.

Pero todo apunta a un crimen encubierto.

CASO 2

Caso II — Juliaca, Puno: A José Armando lo golpearon enmarrocado. La policía dice que se autolesionó

Hace unas semanas, José Armando Huanchi Quispe, de 23 años, fue intervenido por efectivos de la comisaría Santa Bárbara de Juliaca. Según sus familiares, se encontraba en estado de ebriedad cuando ingresó por confusión a una vivienda contigua, la Policía fue alertada y procedió con la detención.

Los agentes dijeron que el intervenido trató de huir rompiendo el vidrio de una ventana. Tras ser reducido y durante su traslado a una dependencia policial, el José Armando perdió la vida. Una nota de prensa policial, asegura que el detenido se autolesionó dentro del patrullero al golpearse la cabeza contra la ventana de la unidad.

Los hermanos del joven denuncian que Huanchi Quispe fue trasladado en la tolva de una patrulla y que, pese a encontrarse reducido y esposado, fue golpeado y pisoteado.

Los agentes involucrados en este caso son Stiwar Flores Larico, Wimer Choque Huanca y Bryan Cáceres Chacón. La Fiscalía de Derechos Humanos ya inició una investigación por el caso.

CASO 3

Carabayllo, Lima. Sebastián primero fue herido de bala y después golpeado

Sebastián Tomás Peláez Reyes tenía 25 años. La madrugada de un domingo de inicios de julio salió con amigos a un evento de galleros. Según su hermana Heydi, cuando regresaban, alrededor de las 5 a.m., fueron perseguidos por efectivos policiales y durante la intervención uno de los proyectiles impactó en la pierna del joven.

Los familiares indicaron que, tras la intervención, Sebastián fue llevado inicialmente al hospital de Puente Piedra, donde —según afirman— únicamente le limpiaron las heridas antes de ser trasladado a una dependencia policial. “Mi hermano llegó acá y lo vi golpeado. Luego se lo llevaron a la comisaría. Iba a ser trasladado a la que está en la avenida España y justo cuando estaban en el patrullero le pedí al policía que le entregara dos bebidas rehidratantes para él y su amigo”, contó su hermana.

La familia sostiene que fue detenido la madrugada del último domingo y que recién dos días después recibió la noticia de su muerte, por lo que exige una investigación para determinar las circunstancias del caso.

La versión de la PNP difiere. El director de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo, informó que Peláez y su acompañante fueron detenidos por su presunta participación en el asalto a una pareja con armas de fuego cerca del cementerio San Pedro, hecho que originó una persecución policial. El oficial señaló que Sebastián registraba antecedentes policiales. Sobre la causa de la muerte, señaló: “Uno sabe que el cuerpo de una persona puede desvanecerse en cualquier momento y es lo que habría pasado con esta persona. De todas maneras se harán las investigaciones correspondientes para poder determinar la causa de su fallecimiento”.

Sebastián Peláez fue trasladado sin vida al hospital Lanfranco La Hoz.

Caso 4

El Agustino, Lima. “Juan Camilo entró vivo y hoy me dicen que está en la morgue”

Juan Camilo Rodríguez Álvarez tenía 30 años y era ciudadano colombiano. La noche del domingo 1 de junio fue intervenido en las inmediaciones de una pizzería en el distrito de El Agustino. Según el acta informativa de la PNP, a la que tuvo acceso el noticiero 24 Horas, fue abordado por los agentes alrededor de las 11 p.m. tras ser reportado por causar desórdenes y mostrar una actitud agresiva en la vía pública. Fue trasladado a la comisaría de El Agustino y ubicado en el área de delitos debido a su comportamiento violento hacia los agentes.

La situación dio un giro trágico en las primeras horas del lunes 2 de junio. Según la versión policial recogida por Infobae Perú, cerca de las 3:20 a.m., mientras los efectivos atendían una emergencia por un explosivo en la jurisdicción, al regresar habrían encontrado a Rodríguez intentando quitarse la vida con su propio pasador de zapatilla. Fue trasladado de inmediato al hospital Hipólito Unanue, donde falleció horas después.

La esposa de la víctima rechazó de plano esa versión y denunció irregularidades en el trato que recibió su esposo. Según reportó El Comercio, la mujer denunció que testigos presentes dentro de la dependencia habrían escuchado gritos de auxilio. “Él entra vivo y hasta hoy me dan respuesta que se encuentra acá en la morgue. Los testigos que estuvieron dicen que lo golpearon mucho, mucho, que él gritaba, que él pedía auxilio, que nadie lo auxiliaba”, declaró visiblemente afectada. Además, confirmó que un policía fue detenido en relación con el caso.

El caso también dejó en evidencia una falla de protocolo reconocida por las propias fuentes policiales: conforme a los procedimientos establecidos, a los detenidos se les deben retirar objetos personales como pasadores para evitar este tipo de incidentes. Sin embargo, Rodríguez habría tenido acceso al pasador dentro de la celda, lo que planteó dudas sobre la supervisión y custodia que recibió dentro de la comisaría. El caso se enmarca además en un contexto institucional preocupante: según datos de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior recogidos por Infobae Perú, solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 1.121 quejas ciudadanas contra efectivos de la PNP, siendo Lima la región con más reclamos, con 697 denuncias, el 62% del total nacional. Entre las quejas más frecuentes figuran la negligencia, el uso excesivo de la fuerza y la negativa a recibir denuncias.

Caso 5

Piura. José Fabián fue intervenido y llevado a una comisaría. Poco después apareció muerto en la carretera.

José Fabián Valencia Peña tenía 27 años. La noche del 28 de junio, según denunció su familia, fue intervenido por efectivos de la comisaría de Veintiséis de Octubre alrededor de las 7:03 p. m., tras un altercado verbal registrado en una urbanización del distrito. Su pareja, Marly Vegas Chanta, acudió a la dependencia policial para conocer su situación, pero afirmó que no se le permitió verlo ni comunicarse con él. Según su testimonio, los agentes le indicaron primero que José Fabián permanecía retenido por un presunto problema de identidad, y más tarde le informaron que ya había sido liberado.

Horas después de la intervención, José Fabián fue encontrado sin vida en el kilómetro 30 de la carretera Piura–Paita, cerca de la planta Pacasmayo. Su pareja y su hermano, Anthony Alexander Pulache Peña, denunciaron un presunto uso excesivo de la fuerza durante el operativo y afirmaron contar con fotografías y videos de testigos que respaldarían su versión. Los familiares también cuestionaron las diligencias posteriores al hallazgo: sostienen que el levantamiento del cuerpo no fue realizado por un fiscal de turno sino por los mismos efectivos que participaron en la intervención, y que el cadáver fue registrado inicialmente como persona no identificada pese a que, según su versión, la Policía ya conocía su identidad.

Este caso presenta una particularidad frente a los anteriores: la Policía Nacional lo registró públicamente como un accidente de tránsito. Diario Correo reportó que el cuerpo fue hallado con signos de haber sido arrollado en la vía, y que la Fiscalía ordenó un dosaje etílico para determinar si José Fabián había consumido alcohol, en una nota que atribuye el caso a las diligencias por “el accidente de tránsito”. La familia, en cambio, sostiene que la causa real de su muerte está en la intervención policial que la precedió, y no en el hallazgo del cuerpo en la carretera. Hasta el cierre de esta investigación, la Policía Nacional no había emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de la familia, y ambas versiones —accidente de tránsito o consecuencia de un abuso policial— permanecen sin resolver.

Además de los presuntos crímenes a manos de policías que custodian detenidos o investigados, también hay casos de torturas, el más sonado fue el caso registrado en Puno, Danilo Vargas Ccoya llegó a la comisaría Melgar-Ayaviri en su moto lineal, a presentar una denuncia: un tráiler había chocado contra su casa. Lejos de ser atendido en su denuncia, salió detenido, golpeado, y según su abogada, irreconocible.

“Él ha estado bien. Llegó a la comisaría en moto lineal. Vino por una denuncia y sale detenido y, sobre todo, agredido. Ni siquiera agredido… torturado, esa es la palabra. Está irreconocible. Las lesiones son muy graves e, incluso, el médico legista ha ordenado exámenes complementarios”, declaró la defensa. Además, se comprobó que Vargas Ccoya no se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos.

Los agentes señalados como presuntos responsables son los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle. La defensa apunta sobre todo a este último, pues en su declaración indicó que el letrado llegó ensangrentado a la comisaría, lo cual, según sostiene, es falso.

Vargas Ccoya permaneció detenido desde el 29 de junio hasta la noche del 1 de julio, acusado de resistencia a la autoridad. Fue liberado por orden de la Fiscalía de Derechos Humanos al no encontrar mayor evidencia de su responsabilidad. El Colegio de Abogados se pronunció pidiendo que se adopten las medidas correctivas urgentes. Como rechazo a lo sucedido, decenas de ciudadanos manifestaron frente a la comisaría para exigir el cambio de los agentes.Por lo pronto los policías involucrados viene siendo investigados y se ha pedido prisión preventiva para ellos.