Pasaron tres años y Yovanna Mendoza Huarancca no olvida esos dos días en que llovieron balas sobre Huamanga. Disparos del Ejército que mataron a diez ciudadanos desarmados, entre ellos su hermano Jhon Henry Mendoza. 

“Ya nos quitaron el miedo. El miedo se fue, el miedo lo enterramos junto con nuestros familiares que han sido asesinados”, dice Yovana Mendoza desde Ayacucho.  

A Jhon Henry, su hermano, lo mataron cerca del Aeropuerto. Esa tarde del 15 de diciembre de 2022, los policías y militares ya habían logrado dispersar a los manifestantes que querían ingresar en la zona, pero la balacera continuó interminablemente. 

El 15 de diciembre se cumplieron tres años del asesinato de diez personas en Ayacucho, incluido un menor de edad, durante las protestas contra el Congreso y el Gobierno de ese entonces, encabezado por Dina Boluarte. Todas las víctimas eran civiles desarmados y murieron por disparos de proyectil de arma de fuego, efectuados por militares, según confirman las necropsias y los registros audiovisuales difundidos.

Muchos de los asesinados ni siquiera participaban en las protestas. Volvían de sus trabajos o buscaban un refugio del tiroteo. Jhon Henry era uno de ellos. Se había arrojado sobre una canaleta para ponerse a salvo del tiroteo, pero le dispararon por la espalda. Murió con el pecho destrozado.

Tres años después, Yovana y los demás familiares de las víctimas no han recibido una respuesta del Estado que ayude a curar el dolor. Exigen saber quiénes dieron las órdenes y que se sancione a todos los responsables. Sin embargo, tras el paso de tres fiscales de la Nación, la investigación sigue a la deriva. El plazo de la reconstrucción de los hechos venció en octubre y la impunidad persiste.

Para las familias y para Yovana, quienes luchan día a día por encontrar la justicia , solo reciben silencio desde el Poder Judicial, que combinan burlas y leyes de impunidad que les dispara el Congreso. El vicepresidente del Parlamento, que preside de manera interina esa institución, el fujimorista Fernando Rospigliosi, insiste en  llamarlos “terroristas” y, a través de recientes leyes pretende legalizar la impunidad de aquellos policías y militares que dispararon a matar durante las protestas al inicio del gobierno de Boluarte. Además, promover normas que busquen liberar responsabilidad y culpa a los policías y militares que usen armas contra manifestantes en futuras protestas.

“Rospigliosi dice que nuestros familiares asesinados eran un grupo de terroristas financiados, cuando las necropsias y los videos demuestran que fueron civiles desarmados. Con ese discurso nos vuelve a matar y justifica que no haya justicia”, sostiene Yovana.

A esta situación, se suma el recordar que fue el entonces congresista José Jerí, hoy presidente interino, quién sustentó el informe que recomendó archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Argumentó que no existían pruebas suficientes para proceder con esa acusación.

“Jerí es uno más que carga una responsabilidad. Él estuvo ahí cuando pudieron quitarle la inmunidad a Dina Boluarte y no lo hizo. Entonces, creo que Jerí también es otro asesino más y está bañado en sangre del pueblo”, dice Yovana.

No solo son órdenes y leyes de protección que se están presentando desde el Parlamento para las Fuerzas Armadas, sino también la posición que tienen dichos congresistas sobre los fallecidos. “Mientras el pueblo salía a exigir garantías para que no se repitan más asesinatos, mandaron a disparar contra personas que no tenían nada en las manos”, comenta Yovana, recalcando que las leyes del Congreso los perjudica y estigmatiza.

“Se representan a ellos mismos y a un modelo político que sigue sacando leyes para quitarnos derechos y llamarnos terroristas”, añade la hermana de la víctima.

A Jhon Henry, los militares lo ejecutaron por la espalda, y el Congreso quiere librar de responsabilidad a los autores de ese y otros crímenes. Cuando cayó herido y con el pecho abierto, personas que estaban cerca quisieron ayudarlo, pero los militares se lo impidieron. Una testigo, Daysi Gonzales, relató que cuando intentó acercarse para ayudarlo, un uniformado le dijo: “Deja que muera como un perro”. Tampoco permitieron el ingreso de una ambulancia y para poder auxiliarlo, volvieron a disparar para impedirlo. Recién cuando se retiraron, cuatro personas pidieron cargar a Jhon y llevarlo al hospital, pero ya era demasiado tarde. 

Como Jhon, otras nueve personas fueron abatidas esos días por los militares. Y ellos son: 

• Christopher Ramos Ayme (15)
• Josué Sañudo Quispe (31)
• Jhon Mendoza Huarancca (34)
• Raúl García Gallo (35)
• Clemer Fabricio Rojas García (22)
• Luis Urbano Sacsara (22)
• Edgar Prado Arango (51)
• José Luis Aguilar Yucra (20)
• Leonardo Hancco Chaca (32)
• Jhonatan Alarcón Galindo (19)

“¿Quién dio las órdenes? ¿Quién disparó? ¿Quiénes blindaron políticamente a este régimen?”, se preguntan los familiares de las víctimas.

“Ellos son los que están sacando tantas leyes para dejarnos fuera, para quitarnos el derecho de igualdad y de poder tener una defensa. Ahora nos quitan con esta Ley APCI, hasta a los abogados”, reclama Yovana Mendoza y hace referencia al conjunto de reformas legales impulsadas desde el Congreso que, como denuncian las familias, debilitan el derecho a la defensa y protegen a las fuerzas del orden frente a hechos ocurridos durante las  protestas sociales.

Desde hace tres años, Ayacucho, Puno, Junín y otras regiones donde hubo víctimas de las protestas están de luto, y el país entero debería acompañar ese duelo. Las calles de Huamanga, de Juliaca, de Andahuaylas se convirtieron en cementerios. En la canaleta donde Jhon Henry cayó víctima de un disparo letal, su familia ha construido un pequeño altar. Tal como lo han comprobado las investigaciones fiscales, las víctimas no eran terroristas. El terror, más bien, se ejerce desde el Congreso, con tantas leyes procrimen y proimpunidad, donde se infunde miedo y se silencia a quienes alzan la voz. 

“Vamos a seguir en la calle, porque ya nos quitaron el miedo. El miedo se fue, el miedo lo enterramos junto con nuestros familiares que han sido asesinados”, agrega Yovana.

La historia que es olvidada, está condenada a repetirse. Y hace tres años volvió a repetirse, una y otra vez.