Los miembros del Tribunal Constitucional, con Luz Pacheco a la cabeza, han demostrado una vez más con el último fallo a favor de Dina Boluarte, que no son de fiar y que se han convertido en una sucursal, un poco más sofisticada, del Parlamento. Lo mismo que ha hecho el Congreso durante todos estos años, también han blindado a Boluarte, ordenando que no se le pueda tocar ni con el pétalo de una investigación, hasta que concluya su mandato en el 2026. 

De este modo, han pateado hasta el próximo año las investigaciones que tienen contra las cuerdas a la mandataria: el caso de los rolex, el abandono de cargo por las cirugías, la masacre en medio de las protestas, el encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, entre otras pesquisas. 

Y este Tribunal no tardará en hacer lo mismo con Keiko Fujimori. Ya mostraron las hilachas fujimoristas. 

Los siete magistrados han sido elegidos, principalmente, con los votos de las bancadas que sostienen al gobierno de Boluarte: Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Acción Popular, según las actas de votación. 

“Hoy es un día histórico porque hemos logrado nombrar a los seis miembros del Tribunal Constitucional”, dijo el 10 de mayo del 2002 la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en medio de una gran parafernalia. Así, entraban en escena los nuevos magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo, Helder Domínguez y César Ochoa. 

“No ha habido repartijas o influencias ya sean de derecha, de izquierda, de centro o caviares”, dijo, por su parte, José Balcázar, congresista de Perú Libre y presidente del controvertido comité de selección de candidatos, poniendo el parche.  El partido del lápiz, precisamente, se ha visto beneficiado después con dos salvavidas que le lanzó el TC a su prófugo líder, Vladimir Cerrón, anulando las condenas de los casos “La Oroya” y “Aeródromo Wanka”. 

Cerrón sigue en la clandestinidad porque sobre él pesa un pedido de prisión del Poder Judicial por el caso “Dinámicos del Centro”. 

Balcázar destacó  aquella vez que los candidatos al TC pasaron por primera vez por una evaluación psicológica. “Porque si usted es un bipolar, esquizofrénico, un autoritario no pasa para ser Juez”, dijo Balcázar en la sesión del pleno, en mayo del 2022, donde se iban a elegir a los seis candidatos. 

Un antecedente nos puede dar más luces sobre el nivel de la selección. En la comisión evaluadora de candidatos fungía de secretario Wilmar Elera, de Somos Perú y actualmente prófugo de la justicia, tras ser condenado por irregularidades en una obra en Piura. 

La sesión del pleno para la elección de miembros fue una pantomima. En aquella oportunidad no hubo debate y sólo habló Balcázar para decir cosas como ésta: “Yo puedo ser muy inteligente pero puedo ser un hombre que puedo ser fácilmente manipulable”. 

“Tremendo poder que tiene el Tribunal Constitucional en el mundo.  Y no podemos, en un Congreso como el nuestro tan desprestigiado, (caer ) en las repartijas anteriores, no quisiéramos que otra vez se vuelva a repetir con nosotros”, añadió Balcázar. 

Tras la alocución del legislador perulibrista, la entonces presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, sometió a una rápida votación. Y así, sin más, fueron elegidos seis nuevos integrantes del TC. Sólo la parlamentaria de oposición, Susel Paredes, alzó su voz de protesta, pero no fue escuchada. 

 En el 2023, se sumó al pelotón Pedro Hernández. Morales, Gutiérrez y Hernández forman el “grupo San Martín”, como los conocen en la interna del tribunal, por formarse académicamente en la universidad de José Antonio Chang y ligada al Apra, la San Martín de Porres. 

El “grupo San Martín” es un bloque sólido en el TC que buscó imponer a Morales, en una reñida competencia con Luz Pacheco por la presidencia de la institución. Al final, logró la victoria Pacheco, del Opus Dei y especializada en derecho laboral. De los miembros del TC es la única que no es constitucionalista, lo que dice mucho del nivel de la institución. 

Los integrantes del llamado “grupo San Martín” unieron fuerzas para votar en contra de la reposición de Inés Tello, de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. 

“En el tribunal predomina el pragmatismo”, dice una fuente del TC, marcando distancia con el clima de polarización que se respiraba en los tiempos de Marianella Ledesma y Ernesto Blume.

En la actual composición del tribunal no hay bandos marcados. Manuel Monteagudo es conocido por ser impredecible en sus votaciones. No debate no dialoga con sus colegas sobre el sentido de su voto. 

En la sentencia que suspende las investigaciones a la presidenta de la República fue el único que le dio la razón a la Fiscalía, cuestionando solamente al Ministerio Público por citar Boluarte “bajo apercibimiento de conducción compulsiva” en una carpeta fiscal. 

Monteagudo y César Ochoa estarían enmarcados en un bloque progresista o caviar si cabe el término, pero que no frena los fallos favorables a los partidos que votaron en el Congreso por la elección de los actuales miembros. 

El fallo simbólico de este intercambio de favores es el que anuló el caso Cócteles de Fuerza Popular y que tenía acorralada a Keiko Fujimori, en enero de este año. Era una resolución cantada: los votos fujimoristas fueron decisivos para la elección de los magistrados. Con esto pueden respirar tranquilos con miras a las elecciones del 2026. 

“Y los parlamentarios así como los líderes políticos deben saber que la elección de un juez constitucional no les da derecho a pretender influir en su conducta o en la valoración de las controversias”, escribió Urviola, allá por el 2018, en un mundo imaginario. 

En la realidad, los congresistas son los amos y señores. Y ni siquiera los 734 mil soles que gastó el Tribunal Constitucional en abril para fumigar sus instalaciones revirtió la tendencia.