Una balacera en medio de un concierto de Armonía 10 en Manchay, ataques y extorsiones que golpean a empresas de transportes y conductores; asesinatos selectivos en Lima, que incluye a un cambista y a un menor de edad; sicariato en el norte del país, dejan más de una decena de víctimas durante las dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori. No hay tregua ni luna de miel por parte de la delincuencia.

Desde el 28 de julio de 2026, fecha en que Keiko Fujimori Higuchi asumió como Jefa de Estado, bajo la letanía de que gobernaría como su padre, el autócrata Alberto Fujimori, nuevos ataques han vuelto a poner a empresas, conductores y pasajeros en el epicentro de la crisis de inseguridad. En menos de dos semanas de gestión, la lista suma atentados contra unidades y locales de transporte, paralizaciones de rutas y el asesinato de un gerente de una empresa del sector.

El escenario resulta especialmente incómodo para una mandataria que convirtió la seguridad ciudadana en uno de los principales ejes de su campaña. Fujimori había prometido una estrategia de “mano dura” contra el crimen organizado y planteó incluso la presencia permanente de policías y militares en los buses de las zonas metropolitanas. Ahora, los primeros hechos ocurridos bajo su administración la confrontan.

Durante junio y julio, antes de la toma de mando, ya se había multiplicado los ataques contra empresas urbanas e interprovinciales. Después del 28 de julio cada nuevo atentado deja de ser solamente parte de la crisis heredada y pasa a formar parte del balance de la nueva administración.

ETUPSA 73: una empresa golpeada que volvió a parar

Uno de los casos más recientes es el de Etupsa 73, cuya Línea A conecta Villa María del Triunfo con distintos sectores de Lima. La noche del viernes 7 de agosto, el patio de maniobras de la empresa fue atacado por sujetos que llegaron en motocicleta y dispararon contra la fachada. No se reportaron trabajadores heridos, pero el ataque bastó para que los conductores decidieran no salir a trabajar.

La dimensión del caso está en sus consecuencias. La empresa permaneció sin operar durante varios días y, al 10 de agosto, acumulaba ya tres jornadas consecutivas de paralización. Los trabajadores no solo dejaron de circular por temor a un nuevo ataque, sino que también cuestionaron la falta de garantías para retomar el servicio.

El atentado tampoco aparece aislado. Etupsa 73 ya había enfrentado amenazas y hechos violentos anteriormente, por lo que el nuevo ataque refuerza entre los trabajadores la percepción de que el riesgo continúa. La Policía investiga el caso y una de las líneas consideradas es que el ataque esté relacionado con el cobro de cupos. 

El efecto sobre los pasajeros ha sido inmediato. Cuando una empresa paraliza, miles de usuarios deben buscar otras rutas y los trabajadores dejan de percibir ingresos, al tiempo que se incrementa el caos.

TRANSLIMA: del ataque armado a la suspensión del servicio

Translima también aparece como una de las empresas más golpeadas por esta cadena de atentados. El 17 de julio, todavía antes de que Fujimori asumiera, uno de sus conductores fue atacado a balazos mientras manejaba una unidad con pasajeros en Los Olivos. El trabajador recibió cuatro impactos, pero logró mantener el control del vehículo y llegar hasta un punto seguro.

La historia continuó después del cambio de gobierno. El 31 de julio, una unidad de Translima fue nuevamente atacada en Carabayllo y los trabajadores decidieron paralizar las operaciones. Días después, otro ataque con un artefacto explosivo contra un bus de la empresa llevó a una nueva suspensión del servicio. El patrón muestra cómo la presión criminal puede pasar de las amenazas a los ataques directos y, finalmente, obligar a la empresa a dejar de operar.

Las autoridades han señalado que estos hechos son investigados como posibles casos de extorsión. Para el sector transporte, el problema va más allá de identificar a quienes ejecutan los ataques: también se necesita descubrir quiénes organizan las amenazas, cómo se realizan los cobros y qué redes permiten que las empresas sean vigiladas durante sus recorridos.

El asesinato del gerente de “Corazón de Jesús”

El 6 de agosto, la violencia alcanzó un nivel todavía más grave. Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la empresa de transportes Corazón de Jesús de San Diego, fue asesinado a balazos en Los Olivos cuando viajaba en una camioneta junto a su esposa.

La investigación policial y fiscal mantiene abierta la hipótesis de que el crimen pueda estar relacionado con la extorsión. Trabajadores de la empresa declararon que la compañía venía enfrentando amenazas y que incluso se habían realizado pagos para evitar nuevos ataques. Sin embargo, el móvil todavía debe ser determinado por las autoridades, por lo que no corresponde presentar la extorsión como una conclusión definitiva.

El caso resulta especialmente significativo porque la violencia ya no se dirige únicamente contra quien conduce el vehículo. También alcanza a quienes administran las empresas. Si el transporte formal es presionado desde distintos niveles —conductores, cobradores, locales y directivos— la capacidad de una empresa para mantenerse funcionando queda cada vez más comprometida.

Además, el asesinato ocurrió apenas nueve días después de la llegada de Fujimori al poder. El mantra de “mano dura” que ha repetido la nueva jefa de Estado durante la campana, parece no haber hecho ni cosquillas a la delincuencia, ni haber generado ningún efecto disuasivo.

VIPUSA: el golpe contra las unidades

Ese mismo 6 de agosto, mientras todavía se conocían detalles del asesinato de Benítez Tacanga, dos unidades de VIPUSA quedaron destruidas por un incendio en Ventanilla. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible ataque vinculado con la extorsión, aunque las autoridades debían completar las pericias para establecer el origen del fuego.

La coincidencia temporal con el asesinato del gerente de Corazón de Jesús llamó especialmente la atención. En menos de un día, una empresa perdió a uno de sus principales responsables y otra quedó con parte de su flota inutilizada. Son hechos distintos y no existe, hasta ahora, una relación criminal demostrada entre ambos, pero ambos muestran la vulnerabilidad de las empresas de transporte.

La destrucción de unidades tiene además un efecto económico directo. Para una empresa, perder buses significa reducir la capacidad de prestar el servicio, afrontar gastos de reparación o reposición y, en algunos casos, disminuir sus ingresos precisamente cuando ya enfrenta el costo de la seguridad.

LOS ATAQUES DE JULIO: LA CRISIS YA VENÍA EN ASCENSO

Antes de la llegada de Fujimori, el transporte interprovincial también había entrado en la mira. El 14 de julio, dos buses de El Dorado fueron atacados en Puente Piedra con pocos minutos de diferencia. Las unidades llevaban pasajeros y uno de los conductores resultó herido. La empresa terminó anunciando la suspensión de sus operaciones.

Cinco días después, el 19 de julio, dos empresas interprovinciales volvieron a ser atacadas en la Panamericana Norte. Un bus de Cruz del Norte y otro de Cruz del Sur fueron baleados mientras salían de Lima. Los conductores resultaron heridos, aunque los pasajeros no sufrieron lesiones. Esa misma noche, un bus de CIVA que cubría la ruta Lima-Chiclayo también fue atacado en Los Olivos.

El 20 de julio, la violencia volvió al transporte urbano. Elizabeth Arroyo Humareda, conductora de una combi de la ruta Lima-Callao, fue asesinada mientras realizaba su recorrido y llevaba pasajeros. La Policía investigó si el crimen estaba relacionado con el cobro de cupos.

Estos episodios ocurrieron antes del gobierno de Fujimori, pero ayudan a entender la magnitud del problema que llegó al nuevo Ejecutivo. No se trataba de un fenómeno concentrado en una sola empresa ni en un solo tipo de transporte. Las agresiones alcanzaron a buses urbanos, servicios interprovinciales, conductores, empresas y directivos.

Un reporte difundido en junio mostró que la crisis ya tenía una escala difícil de ignorar. Entre enero y mayo de 2026 se habían registrado 131 homicidios y un promedio de 26 ataques al mes. Otro reporte gremial recogido por medios señalaba que las empresas de transporte urbano estaban siendo afectadas de manera generalizada por las extorsiones.

No solo el Transporte: la crisis de inseguridad dispara por todos lados

El transporte no ha sido el único sector golpeado por el crimen organizado desde el 28 de julio. En apenas dos semanas de gobierno, la violencia también alcanzó conciertos masivos, viviendas familiars y comercios que suman más víctimas, entre ellas a menores de edad.

La noche del domingo 9 de agosto, la orquesta Armonía 10 tuvo que abandonar su concierto en la Plaza Cívica de Manchay, en Pachacámac, luego de que se reportaran al menos cinco disparos cerca del escenario mientras interpretaba el tema “Amor de estudiante”. El hecho generó pánico entre más de 500 asistentes y obligó a una evacuación masiva; no se reportaron heridos. La Policía investiga si los disparos apuntaban directamente contra la agrupación, cuyos integrantes portaban chalecos antibalas como medida de seguridad desde el asesinato del vocalista de “Agua Marina”, Paúl Flores, “El Ruso”, ocurrido en marzo de 2025 en otro ataque armado contra la orquesta.

La violencia también entró a los hogares. La madrugada del 3 al 4 de agosto, el adolescente Darwin Azañero Ramón, de 16 años, fue perseguido por tres sicarios hasta el interior de su vivienda en Villa El Salvador, donde le dispararon más de 25 veces dentro de su habitación; la Policía evalúa un posible vínculo con enfrentamientos entre barras de fútbol. Un día después, el 5 de agosto, Lidia Soledad Vásquez Salazar, de 21 años, fue asesinada a balazos dentro de su propia casa en el asentamiento Ampliación Tiwinza, en el Callao, cuando hasta cinco sujetos armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda; otra persona quedó gravemente herida.

Los pequeños negocios tampoco han estado a salvo. El 4 de agosto, un mototaxista de 26 años apuñaló al menos diez veces a su compañero de trabajo en San Martín de Porres, tras reclamarle una deuda de apenas siete soles; el mismo día, un comerciante de 24 años fue asesinado de tres disparos en la cabeza en su local de comida recién inaugurado en Villa María del Triunfo, sin que hasta el momento se hayan identificado amenazas extorsivas previas. Días después, el 7 de agosto, un cambista de 39 años que trabajaba hace más de ocho años frente al Mercado Central de Lima fue asesinado a balazos por dos sujetos en motocicleta; la Policía identificó a uno de los agresores, un ciudadano venezolano de 21 años, y señaló que los atacantes pertenecerían a la organización criminal Tren de Aragua.

El norte del país tampoco ha sido ajeno a esta ola de violencia. En Piura, el empresario Jorge Luis Avendaño Ontaneda, de 29 años, fue interceptado a balazos el 6 de agosto en una carretera de Sullana, secuestrado por al menos cuatro sujetos que exigieron cien mil soles a su familia y, horas después, hallado sin vida con señales de tortura; la Policía maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Dos días después, el 8 de agosto, cuatro obreros de construcción civil oriundos de Piura fueron acribillados por sicarios en moto mientras compartían una reunión en Alto Salaverry, Trujillo; según sus familiares, el móvil estaría relacionado con una disputa por el cobro de un cupo semanal de 80 soles exigido a cada trabajador.

Los casos no guardan necesariamente relación entre sí, y varios de ellos —el ataque a Armonía 10, el crimen del mototaxista, el del comerciante en Villa María del Triunfo— todavía tienen su móvil bajo investigación. Pero su acumulación en apenas dos semanas dibuja un patrón que trasciende al sector transporte: extorsión, cobro de cupos, ajustes de cuentas y sicariato conviviendo en el mismo periodo, del centro de Lima al Callao y de la capital hasta el norte del país.

¿QUÉ HA HECHO EL NUEVO GOBIERNO?

Keiko Fujimori llegó al poder con una propuesta de seguridad especialmente enfocada en el transporte. Durante la campaña planteó la presencia permanente de policías y militares en buses de zonas metropolitanas y habló de un Plan de Pacificación Nacional. La propuesta buscaba responder precisamente al temor que viven conductores y pasajeros.

Después de asumir el cargo, la respuesta del Estado empezó a incluir algunos operativos aislados y acciones policiales contra organizaciones dedicadas a la extorsión. También se produjeron capturas de presuntos integrantes de redes que cobraban cupos a transportistas. Estas intervenciones muestran que existe una reacción policial, aunque todavía es demasiado pronto para determinar si lograrán reducir de manera sostenida los ataques.

La nueva administración también enfrenta una dificultad de fondo: el problema no se resuelve únicamente aumentando patrullajes. Las investigaciones deben llegar a las estructuras que organizan la extorsión, seguir el dinero, proteger a quienes denuncian y evitar que las empresas queden expuestas nuevamente después de un operativo.

“ESO NO ES CONTROL TERRITORIAL”: LA MIRADA DE UN ESPECIALISTA EN SICARIATO

En una entrevista concedida a La Pista Clave, el comandante Francisco Rivadeneyra, especialista en la lucha contra el sicariato y la delincuencia, reveló que las primeras dos semanas del gobierno de Fujimori no han traído un cambio real en la estrategia de seguridad, sino apenas “un atisbo” de control territorial que en la práctica se reduce a operativos extraordinarios aislados: convocatoria de personal, control de identidad y poco más. Para Rivadeneyra, el control territorial real implicaría el dominio total de los desplazamientos en las zonas donde ya se sabe, por información de inteligencia, que operan los extorsionadores; lo que ha visto hasta ahora, dijo, está “muy tibio”.

El comandante planteó que la estrategia inmediata no puede seguir liderada desde el propio Ministerio del Interior o la cúpula policial, a los que responsabilizó de obstaculizar en la práctica los operativos contra las bandas. Propuso, en cambio, la creación de un mando especial de alto nivel, dependiente directamente de la Presidencia, con capacidad de actuar en coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial sin subordinarse a la línea de mando policial actual. Sobre el nuevo ministro del Interior, un militar en retiro, advirtió que su desconocimiento de la parte operativa policial lo dejará, en la práctica, a merced de lo que le indique la propia Dirección General de la PNP.

Consultado específicamente sobre los ataques al sector transporte, Rivadeneyra fue tajante: la Policía se ha convertido en un “recoge muertos” para luego intentar “agarrar a los autores”, en lugar de neutralizar a las organizaciones antes de que ataquen. Señaló que las viejas cúpulas de bandas extorsionadoras se replegaron y en su lugar surgió una delincuencia atomizada en decenas de células menores, lo que explicaría por qué una misma empresa de transporte puede estar siendo cobrada simultáneamente por entre cinco y diez bandas distintas. El especialista cuestionó además las declaraciones oficiales sobre una supuesta baja en las denuncias por extorsión y sicariato, y sostuvo que, en la práctica, buena parte de la población simplemente paga en silencio para evitar ser atacada. Detrás de esas economías ilegales, advirtió, hay actores con poder e influencia —empresarios, medios y políticos— a los que ni el ministro del Interior ni el comandante general de la Policía tendrían, según él, voluntad real de perseguir.

“MÁS DE 15 ASESINADOS EN DOS SEMANAS”: LA VERSIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS

Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, conoce de cerca la ferocidad del crimen organizado, muchos de sus compañeros han sido victimados a tiros. En entrevista con La Pista Clave señala que estas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori no ha visto ninguna medida ni acción perceptible contra la inseguridad que afecta a su sector  Según su gremio son más de 15 personas las que habrían sido asesinadas en el país por temas de cobro de cupos y extorsión en lo que va de la gestión de Fujimori, a las que se suman entre dos y tres víctimas directamente vinculadas al transporte urbano e interprovincial.

El dirigente sostuvo que, hasta el momento de la entrevista, ningún ministro ni funcionario del nuevo gobierno se había acercado al gremio para conocer de primera mano la situación del sector; el único acercamiento en agenda era una reunión pactada para el día siguiente con una diputada de la Cámara Baja. Palomino también ofreció una estimación económica del fenómeno: calculó que, solo en Lima, la recaudación diaria de las bandas por cobro de cupos al transporte urbano superaría el millón de soles, a razón de entre 10 y 20 soles diarios por cada conductor, en un padrón que en la capital agruparía a más de 400 empresas.

El presidente de la Confederación relacionó directamente la falta de resultados con el marco legal vigente: exigió la derogatoria de la Ley 32108, que a su juicio dificulta que las bandas dedicadas a la extorsión sean procesadas como organizaciones criminales, en reemplazo de una norma anterior que consideraba más efectiva contra el sicariato y la extorsión. Palomino adelantó además que su gremio evalúa medidas de fuerza, entre ellas un paro, ante lo que describió como una falta de garantías tanto para los conductores como para los usuarios del servicio.