Los generales de la Policía Nacional del Perú ( PNP), Antero Mejía Escajadillo y Gregorio Villalón Trillo tienen muchas cosas en común. Entre fines de 2022 y comienzos de 2023, ambos eran jefes policiales de dos de las regiones donde ocurrieron las matanzas de civiles en medio de las protestas contra Dina Boluarte, apenas ella asumió el mando presidencial. Mejía Escajadillo lo era de Ayacucho, donde fueron asesinadas 19 personas a balazos; mientras que Villalón lo era de Junín, donde fueron victimadas 3 personas en Pichanaki.
Mejía Escajadillo, inclusive, días antes de la masacre en Ayacucho, se paseó por los mercados de Huamanga para repartir amenazas de que “iba a actuar” en caso la gente decidiera acatar el paro o protestar.
Ya sabemos que la actuación de los policías y militares dejó 19 muertos inocentes y centenares de heridos.
Aquí se puede escuchar al general Mejía Escajadillo, cuando en diciembre de 2022 amenazaba a la población de Huamanga con que iba a “actuar” en caso de que hicieran paros o protestas.
Después de los acontecimientos sangrientos en Junín y en Ayacucho, los dos generales que eran los jefes en las respectivas cadenas de mando, fueron incluidos por el Ministerio Público en las investigaciones por homicidio calificado. Dina Boluarte entonces decidió sacarlos de su jurisdicción, promoverlos a Lima y ascenderlos en sus funciones. Así, mientras eran investigados por la fiscalía, ambos generales fueron puestos a buen recaudo en Lima y colocados en puestos claves. Fue la propia Dina Boluarte la que firmó sendas resoluciones supremas disponiendo tales cambios.
Mejía Escajadillo pasó de Ayacucho a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la PNP en Lima. Previamente fue por muy breve tiempo jefe de la Región Policial de Piura, pero no fue bien recibido y no duraria mucho en esa Región. En Lima se le necesitaba más.
Villalón Trillo, por su parte fue enviado como jefe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la PNP, un sector clave en la lucha contra la minería ilegal, pero a la luz de las investigaciones fiscales recientes no estaba precisamente abocado a esa tarea. Villalón más bien se prestó para los intereses de Santivañez y de los hermanos Boluarte. Así, desde su posición, utilizó esa direccion para hacer operativos direccionados, siguiendo las instrucciones de Santivañez.
Según la hipótesis de la fiscalía, el general Gregorio Villalón, aprovechando su cargo como director de Medio Ambiente de la PNP, habría organizado y ejecutado un operativo policial ilegítimo para recuperar la mina El Dorado, en Ayacucho, a favor del empresario Franco Parodi, a cambio, por supuesto de una contraprestación económica.
El abogado Percy Tenorio, socio de Juan José Santivañez en su estudio de abogados, le habría solicitado a Villalón organizar un operativo de fiscalización ambiental para desalojar a mineros informales que ocupaban la concesión de Parodi. Y así buscaban matar dos pájaros de un sólo tiro: por un lado iban a poder recuperar la mina para el cobro de suculentas coimas y, por el otro lado, conseguirían un arraigo laboral para Nicanor Boluarte en esa mina.
En efecto, según el colaborador eficaz el 19 de diciendo de 2024, Villalón dispuso de 15 efectivos y 3 camionetas y cumplió con la misión encomendada en la mina El Dorado.
Y esas movidas dejaron rastros. Tras el reciente allanamiento a la casa del hermanísimo presidencial, se encontraron documentos relacionados a la mina El Dorado. De inmediato, el abogado de Nicanor Boluarte ha salido a decir que esos documentos han sido sembrados por los fiscales. Una coartada que suelen lanzar algunos delincuentes que son hallados en flagrancia.
El general Villalón sabe mucho. Y según fuentes de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP los operativos eb la mina El Dorado no habrían sido los únicos direccionados. La resolución judicial que autorizó el allanamiento a la vivienda del general Gregorio Villalón también lo vincula a la red de Juan José Santiváñez y al cobro de sobornos.
Según las pesquisas fiscales, el general Gregorio Villalón Trillo, además habría pagado 20 mil dólares a la presunta red criminal liderada por el exministro del Interior Juan José Santivañez, para evitar su pase al retiro a fines del 2024 y mantenerse en actividad. Además del allanamiento a su vivienda y a sus vehículos, el juez también autorizó el levantamiento del secreto bancario y dr las comunicaciones del general Villalón.
De acuerdo con el documento judicial, a fines de diciembre de 2024, en una reunión en el estudio jurídico del abogado Percy Tenorio Gamonal, allegado a Santivañez, se decidía qué generales serían invitados a retiro y quiénes permanecerían en la institución.
En dicha reunión, de acuerdo a las investigaciones fiscales. el operador de la presunta red, Marco Antonio Palacios Meza, recibió una llamada de Santivañez que fue puesta en altavoz. El entonces ministro del Interior preguntó: “¿Villanueva o Villalón?”, en referencia a cuál de los generales, David Villanueva Yana o Gregorio Villalón Trillo, debía continuar en actividad.
Percy Tenorio intervino en la llamada y recomendó a Villalón, sosteniendo que era de su promoción en la PNP y que podía apoyarlos en las actividades ilícitas de la red criminal. Santivañez aceptó la propuesta, pero solicitó a través de Tenorio el pago de 20 mil dólares.
Esto fue lo que dijo un colaborador eficaz a las autoridades judiciales:
“(…) en una reunión en el estudio jurídico ‘Tenorio’, en el contexto de la decisión de los generales que pasaban al retiro y los que continuaban en actividad, Marco Palacios Meza recibe la llamada de Juan José Santivañez Antúnez (…) intervino en la llamada en altavoz Percy Alberto Tenorio Gamonal indicándole a Juan José Santivañez Antúnez que tenía que permanecer en calidad de general Gregorio Martín Villalón Trillo (…) Para efectos de la permanencia (…) este último pagó la suma de $20,000.00 (veinte mil dólares) a Juan José Santivañez Antúnez”.

Por estos hechos es que la Fiscalía le imputa a Santivañez el delito de cohecho pasivo propio, por solicitar y recibir un beneficio indebido e ilícito a cambio de mantener en el cargo a un general.
El general Villalón también habría cobrado coimas, de acuerdo a las investigaciones fiscales. Ciertamente, aprovechando su puesto clave como Director de Medio Ambiente de la PNP, Villalón habría organizado y ejecutado un operativo policial ilegítimo para recuperar la mina El Dorado, en Ayacucho, a favor del empresario Franco Parodi, a cambio de una contraprestación económica.
El abogado Percy Tenorio le habría solicitado a Villalón organizar un operativo de fiscalización ambiental para desalojar a mineros informales que ocupaban la concesión de Parodi, con conocimiento de Santiváñez, y también recibió parte de los sobornos.
“Parte de los 60,000 (sesenta mil dólares) lo repartió con Gregorio Martín Villalón Trillo, a quien le hizo entrega en un sobre manila la suma de $20,000 (veinte mil dólares) en las oficinas del Medio Ambiente ubicadas en Av. Las Artes Norte N.º 210, San Borja – Lima (…)
Esos 60 mil habrían sido sólo una parte de los sobornos.
“Percy Tenorio Gamonal mencionaba que correspondía ser entregados parte de los $100,000 (cien mil dólares) de forma efectiva a [entre otros] (…) Gregorio Martín Villalón Trillo (…)”, narra el colaborador eficaz.
La Fiscalía le imputa a Villalón los delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio, que se configura al recibir un beneficio económico por actuar u omitir actos inherentes a su cargo, al organizar el operativo a la mina El Dorado.
Por si fuera poco el general Villalón se valió de su cargo para realizar viajes a Brasil y Colombia.
Socio de la mina El Dorado
Si Villalón era el operador para rescatar la mina El Dorado, su colega Mejía Escajadillo, uno de los generales de confianza de Dina Boluarte. fue más allá y se hizo socio de la mina.
Tal como lo reveló Panorama, en unos audios da instrucciones para que no dejen perder “camiones cargados de oro”. Confrontado por Panorama. A Mejía Escajadillo no le quedó más aue reconocer que sí era socio de esa minera y había cobrado regalías.
En el 2024, Mejía Escajadillo también fue favorecido por el gobierno con un viaje a Israel por 15 días
Dos generales protegidos por Dina Boluarte y unidos por una mina de oro.




