Después de una larga espera en el conteo de votos y una diferencia de menos de 50 mil votos, finalmente Keiko Sofía Fujimori Higuchi recibirá hoy miércoles 15 de julio, en el gran Teatro Nacional, las credenciales del JNE como nueva inquilina de Palacio de Gobierno. Entretanto, su contrincante Roberto Sánchez sigue pensando que se trata de una victoria ilegítima, ha convocado a marchas de protesta y exige la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Todo está consumado. Después de 26 años el Fujimorismo vuelve a Palacio de Gobierno. La hija del exdictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, obsesionada con el poder, logró su cometido, aunque haya perdido en 16 de 24 regiones del país, en 1520 distritos de un total de 1800 y en 156 provincias de las 196 que existen en el Perú.  En todas esas zonas ganó Roberto Sánchez, de “Juntos por el Perú”.  El voto dirimente que le concedió el triunfo ajustado a Fujimori fue el de los peruanos en el exterior.

La heredera del fujimorismo, luego de ver frustradas sus aspiraciones de llegar a la Presidencia en tres procesos electorales consecutivos, se salió con la suya con menos de 49 mil votos de diferencia con Sánchez, su contendor de izquierda, advirtió que no reconocerá el gobierno de Fujimori, ha interpuesto una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: denuncia un presunto fraude y la vulneración de sus derechos políticos. Además, planea declarar un estado de resistencia política y social, elevando las preocupaciones sobre la estabilidad poselectoral.

Justamente para hoy miércoles se ha previsto una movilización que coincide con la entrega de credenciales a Keiko Fujimori.

“Todos los votos valen lo mismo, no existen votos rurales, votos urbanos (…) los votos valen igual en territorio nacional como en el extranjero”, decía el acomedido presidente del JNE, Roberto Burneo, durante la ceremonia oficial de hace unos días, cuando proclamó oficialmente los resultados electorales de la segunda vuelta y declaró ganadora a la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori.  Su reflexión no es gratuita, los votos rurales fueron mayoritariamente a favor de Roberto Sánchez y los votos de la diáspora decantaron en el triunfo de la heredera del fujimorismo. Es más, la victoria de Keiko Fujimori no es considerada legítima por algunos sectores de oposición que señalan manipulación de las reglas de juego electorales un mes antes del balotaje, como por ejemplo que no se permitiera la digitalización de las actas de escrutinio en el exterior y que todas las cédulas de votación en físico sean trasladadas en valijas diplomáticas, lo que señalan, despierta suspicacias.

La ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), quien también ha sido miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) opinó sobre este tema y afirmó que los votos provenientes de oficinas consulares donde no se digitalizaron las actas no deberían haberse contabilizado. Y aunque descartó pronunciarse en términos de fraude electoral, la exfiscal de la Nación sí consideró que existirían elementos para haber planteado la nulidad de determinados votos emitidos en el extranjero. “Yo diría que sí hay elementos de nulidad. ¿En qué sentido? Donde no se haya digitalizado las actas, por más que vengan en valijas diplomáticas, que se sabe que hay un protocolo de cuidado y como una especie de cadena de custodia, desde el momento que no se digitalizan, eso ya es motivo, en mi parecer, de nulidad y que esos votos no se deben contar. Yo no estoy a favor de nadie”, dijo antes de que terminara el conteo de votos.

Keiko Fujimori iniciará su gestión presidencial el próximo 28 de julio, día de la independencia del Perú, fecha en que deberá juramentar como Presidenta ante el nuevo Congreso Bicameral. Será la Junta Preparatoria la que preste su juramento. En los últimos días ha recibido en su casa y en su local partidario la visita de diferentes figuras políticas, como a la plana mayor del APRA, el exvicepresidente de Alejandro Toledo, Raúl Diez Canseco; el izquierdista Yehude Simon, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, así como a los excandidatos José Williams, de Avanza País; Wolfgang Grozo, César Acuña, Jorge Nieto, entre otros.

CO GOBIERNO CONFIRMADO

La entrega de credenciales a Keiko Fujimori por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será en el Gran Teatro Nacional, escenario que no podría ser más apropiado para esta puesta en escena, donde se sabe que la señora Fujimori jura que no ha gobernado nunca, cuando a todas luces se ha comprobado un cogobierno desde el Parlamento, donde ella ha sido la jefa a través de su bancada Fuerza Popular.

Justamente en la designación de los miembros de sus equipos de transferencia en los diferentes ministerios se ha confirmado este cogobierno. Más de la mitad de los 69 integrantes, son funcionarios provenientes de las gestiones anteriores de Dina Boluarte, José Jerí, Pedro Castillo y hasta de la actual gestión de José María Balcázar. Gran parte carga con sentencias judiciales, procesos penales o investigaciones en curso sobre el ejercicio de sus funciones tanto en el ministerio público como en la Contraloría. Marco Vinelli, el jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori encabeza la lista, fue jefe a Agro rural entre 2015 y 2016 y salió con varias denuncias y demandas. Es investigado actualmente por una Fiscalía Anticorrupción y enfrenta además una demanda civil por daños y perjuicios al Estado. El Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) lo ha demandado por daños y perjuicios por 340 mil soles.

LAS PROMESAS

En campaña electoral Fujimori prometió gobernar “como su padre”, aunque eso implique el autoritarismo que caracterizó al primer régimen fujimorista, que incluye crímenes de lesa humanidad y esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas. También ofreció “mano dura” contra la delincuencia y el crimen organizado que mantiene al Perú en zozobra, donde cada día ocurre un promedio de 7 homicidios, casi siempre a manos de sicarios por el cobro de cupos y la extorsión. “El primer día de mi gobierno pediré facultades al Congreso para acabar con la delincuencia. La policía y el Ejército saldrán a las calles y yo misma acompañaré los patrullajes”, ofreció Keiko Fujimori en campaña. También anunció que dotará de 5 mil patrulleros a la Policía y 5 mil tractores para los agricultores, además de construir 5 mil colegios.

Sectores de la oposición cuestionan que más allá de esas promesas, no haya ofrecido derogar las leyes pro-crimen que se dieron en los últimos años el Parlamento con el impulso y la iniciativa de la bancada fujimorista. También han denunciado la persecución que vienen sufriendo jueces y fiscales independientes por parte de la Junta Nacional de Justicia, cuyos miembros fueron promovidos y elegidos por un sector fujimorista del Parlamento. Periodistas y medios independientes también hemos alertado sobre una serie de leyes pro-impunidad a favor de las Fuerzas Armadas, lo que habilitaría un régimen militarizado y arbitrario, como lo fue el de Alberto Fujimori.

Muchos votantes esperaban que las elecciones pusieran fin a la turbulencia política, pero los resultados ajustados y los retrasos han reforzado las divisiones políticas existentes. Fujimori ha prometido restaurar la ley y el orden emulando las políticas de mano dura contra el crimen que impuso su padre, el dictador Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta

La extorsión: el principal desafío

Keiko Fujimori enfrenta la tarea urgente de contener una epidemia de extorsión que se ha convertido en la principal amenaza de seguridad en Lima y en regiones como La Libertad y Piura. La extorsión no es nueva en el país, pero su rápida expansión y la creciente violencia con que es impuesta han contribuido al aumento de los homicidios a nivel nacional durante esta década. Las bandas criminales también han captado a nuevas víctimas que antes parecían estar a salvo de estas presiones criminales, incluidas escuelas, lo que ha elevado la percepción de inseguridad en comunidades marginadas.

La criminalidad desbordada también ha golpeado el bolsillo de los peruanos. El 45% de la población dijo haber visto negocios cerrar u operar bajo restricciones por la inseguridad en 2026, según una encuesta de IPSOS.

Los planes de Fujimori para combatir la extorsión se basan en reforzar los patrullajes de seguridad y dotar a la policía de mejor tecnología, incluidas herramientas de vigilancia, datos de geolocalización, reconocimiento facial y drones, para monitorear y desarticular redes criminales. También ha planteado la posibilidad de militarizar las prisiones para impedir que las bandas criminales coordinen actividades desde allí. Enfrentará el desafío de dar mayor coherencia a las fuerzas de seguridad peruanas, que han perdido el rumbo tras años de cambios gubernamentales.

El auge de la minería ilegal en Perú

Fujimori también deberá hacer frente al auge de la minería ilegal de oro, impulsado por el alza de los precios del metal. Las ganancias de esta actividad, que ahora se estima que son más lucrativas que el tráfico de cocaína en Perú, han permitido que las redes criminales crezcan en sofisticación y alcance.

La competencia por el control de las zonas mineras se ha vuelto más violenta, como han ilustrado casos de masacres y sicariato en zoñas liberadas como Pataz. El comercio ilegal de oro también ha dado lugar a economías criminales depredadoras, como la extorsión y la trata de personas, que deterioran la seguridad de las comunidades donde operan los mineros. Es cada vez más evidente el uso de fondos de la minería ilegal para sobornar a congresistas y obtener protección legal. Legisladores peruanos, incluidos miembros del partido de Fujimori, han prorrogado repetidamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Diseñado inicialmente para formalizar la actividad de los mineros informales, el REINFO ha terminado beneficiando a grupos criminales que usan el registro para operar fachadas mineras sin regulación.

Fujimori, que durante la campaña cortejó a las empresas mineras legales con la promesa de eliminar el REINFO y reemplazarlo por un nuevo proceso de formalización, podría ver sus planes frustrados por la oposición en un Congreso fragmentado donde no cuenta con mayoría.

También ha prometido crear comandos conjuntos policiales-militares-aduaneros en zonas mineras clave. La pregunta es cómo hará frente a los conflictos sociales y a los excesos en la represión militar y policial.

Fujimori es la novena presidenta en 9 años. Ninguno de los últimos ocho presidentes de Perú logró terminar su mandato, muchos de ellos destituidos por el Congreso. Queda la duda no sólo si ella logrará hacerlo, sino si estará dispuesta a dejar el cargo después de 5 años de mandato constitucional o intentará también en emular a su padre en eso y cambiar la Constitución para reelegirse.