Sin filtro. Al parecer, en Renovación Popular nadie revisó los antecedentes de los candidatos provincianos. Más de lo mismo y peor. Aquí presentamos algunos botones de muestra de la comparsa parlamentaria que Rafael López Aliaga quiere sentar en el nuevo Congreso Bicameral.
Por Arequipa el congresista Esdras Medina Minaya busca repetir el plato. Carga como pasivo con una grave denuncia por presuntamente haber recibido sobornos para votar en contra de la reorganización de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, en la Comisión de Educación de la que formaba parte, de acuerdo a unos audios propalados. Además, sus hermanos y familiares habían sido sancionados e impedidos por OSCE para contratar con el Estado, ya que la ley de Contrataciones del Estado no lo permite. Sin embargo, el Congreso este año derogó dicha norma y en su reemplazo promulgó la Ley de Contrataciones Públicas que entró en vigencia en abril de este año y levantó las prohibiciones para que los familiares directos de los funcionarios públicos puedan contratar libremente con el Estado, salvo con la entidad a la que pertenece el funcionario. En virtud de ello, el siempre oportuno TC decretó la semana pasada que los hermanos del congresista Medina sí pueden contratar con el Estado y levantó las sanciones previas. Además, este congresista arrastra denuncias por la propiedad de un inmueble y, en medio de esa disputa, se le acusó de llegar al extremo de presuntamente haber ordenado quemar una casa con una persona adentro, según una denuncia policial que difundieron medios como Wayka y La República.
A su lado aparece Olga Zonia Condori, quien fue investigada por estafa y defraudación, aunque finalmente su caso fue archivado.
En Áncash, destaca Beatriz Madrid Amayo, una regidora de Nuevo Chimbote que quiso sacar una licencia sin goce de haber para hacer campaña, pese a que la ley lo permite sólo a partir de febrero de 2026. En redes sociales se le critica porque hace no mucho decía que no tenía “ni para los pasajes” y que ganaba menos de S/ 1,500 como regidora. Hoy, sin embargo, su campaña se despliega en numerosos paneles por la ciudad y cuestan más de mil dólares cada uno. A ello se suma que ha pasado por varios partidos y se le acusa de cambiar de camiseta en cada proceso electoral: primero estuvo con un partido regional, Vale Áncash, luego con Fuerza Popular, después con el “Maicito” y ahora con Renovación Popular. Militantes antiguos del partido RP ya la han marcado como “oportunista” y amenazan con denunciar malos “manejos internos” de la dirigencia regional de Otto Guibovich en Áncash. Muy cerca de ella está José Antonio Gallo Pedemonte, otro candidato de Áncash , que tiene un procedimiento sancionador de la ONPE por no haber rendido cuentas de su campaña municipal a la alcaldía de Nuevo Chimbote en 2018.
En Cajamarca, uno de los postulantes a diputado es Raúl Pinedo Mego, hijo de un exalcalde condenado por corrupción y actualmente prófugo.
En Cusco, Fernando Rodríguez Urruchi tiene antecedentes por un caso de obtención fraudulenta de crédito y falsificación de documentos, un proceso que empezó en 2018.
En Huánuco, sobresale como candidato Joel Simei Cruz, denunciado por colusión, peculado, malversación y omisión de funciones en la construcción del estadio de San Rafael, obra que terminó siendo un desastre mientras él hacía campaña. Es un caso parecido al del alcalde de Comas, Ulises Villegas, quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia con una condena de 4 años por colusión, debido a que entregó una obra inconclusa en el distrito de Independencia, cuando se dedicaba al negocio de la construcción. También figura en la lista Esteban Iván Pavletich, exgerente regional declarado reo contumaz por no presentarse al juicio donde la Fiscalía pide diez años de cárcel por peculado.
En Ica, se suma el caso del PNP Ricardo Guillén Balbín, investigado en 2004 por tortura.
En Junín Renovación Popular tiene entre sus candidatos a Carol Villavicencio, periodista denunciada por coacción y extorsión contra la Caja Huancayo tras la difusión de audios comprometedores.
Y en el norte, en La Libertad, el congresista Diego Bazán quiere seguir despachando desde el Congreso. Hace un tiempo fue denunciado por usar fondos públicos y comprar boletos aéreos en nombre del Congreso para asistir a una fiesta, aunque, claro, la denuncia dentro del Congreso fue archivada por sus colegas. Otorongo no come otorongo. También enfrenta una acusación por falso testimonio en el caso Betssy Chávez.
En Lambayeque, la congresista Jessica Córdova también vuelve a la carga y ya se puso en campaña para seguir haciendo de las suyas en el Parlamento. Ella tiene una lista larga de señalamientos y denuncias entre los que se incluyen: falsedad en su hoja de vida, uso indebido de recursos de su despacho y hasta la existencia de una supuesta trabajadora fantasma.
En Loreto, Renovación Popular lanza a una excandidata de Perú Libre, nada menos, que no logró curul en las elecciones pasadas. Se trata de Pilar Natorce Chota, quien ha sido consejera regional de Loreto entre los años 2013 y 2015 y también alcaldesa provincial, ambos cargos conseguidos a través de un movimiento regional. Pero en el cargo donde dejó una huella nociva para cientos de niños fue en su paso como directora de la UGEL de Requena, entre los años 2015 y 2016. La Contraloría la investigó por no registrar ni reportar varios casos de violencia sexual contra menores por parte de sus propios docentes en escuelas rurales, permitiendo que 11 denuncias no fueran registradas y 8 abusadores no fueran separados de manera preventiva y dos casos no fueron derivados al Ministerio Público, dejando a las víctimas sin protección. Es decir, encubrió a varios profesores y administrativos de escuelas rurales que habían abusado de niñas. Esto es muy grave ya que muchas veces los mismos profesores que incurren en abusos contra menores son protegidos impunemente por las autoridades educativas, como fue el caso de esta candidata. Al no incluir a los docentes perpetradores de abuso sexual contra estudiantes en los registros de denuncias, se permite que estos sean rotados a otros centros educativos donde muchas veces reinciden y violentan a otras niñas. En la selva, especialmente, el abuso de estudiantes a manos de estos depredadores llamados maestros se ha incrementado exponencialmente.
En Piura, el congresista Miguel Ángel Ciccia vuelve a postular. Actualmente es investigado por tráfico de influencias debido a gestiones realizadas en la SUNAT a favor de una empresa familiar. Su hijo, Miguel Ciccia Ciccia es regidor en la municipalidad de Lima. Otro candidato por esa región, Alfonso Merino, fue públicamente desautorizado por su propio partido por operar políticamente sin permiso.
En San Martín, de otro lado, la congresista Cheryl Trigozo, que entró con la agrupación Alianza para el Progreso, ahora se ha propuesto seguir en carrera parlamentaria, esta vez con el partido de “Porky”. Pero nadie en Renovación Popular parece haberse percatado o, si se percataron, tampoco parece importarles mucho el hecho de que esta congresista se encuentre bajo investigación del Ministerio Público por peculado doloso en agravio del Estado. La historia fue revelada por el medio El Foco. Resulta que esta parlamentaria que va por la reelección tiene su grupo de cumbia “Sonido 2000” y en horario laboral su asesor principal fungía de manager y ella misma se presentaba como la vocalista principal de su agrupación musical. Otra situación polémica que involucra a la congresista Trigozo es que contrató como asesor a Carlo Magno Pasquel, sentenciado por terrorismo y señalado por la DIRCOTE como miembro de Sendero Luminoso. Se le sindica como autor de varios atentados terroristas, uno de ellos un ataque con bomba Molotov contra un local del Partido Aprista Peruano en el Callao. Este trabajador parlamentario de la congresista y candidata Trigozo pagó dos años de prisión y ganaba como asesor 17 mil soles. ¿Conocerá esta historia, Rafael López Aliaga?
Finalmente, fuera del país, el candidato Jorge Zeballos Aponte enfrenta un caso por presunto peculado doloso, relacionado con un viaje al norte del Perú, costeado con recursos del Congreso y para celebrar el cumpleaños del congresista Diego Bazán. Zeballos, por supuesto, salió a negar todo. Asimismo, se le acusa de inconsistencias en su declaración patrimonial: es dueño de varios departamentos y declaró que alquilaría uno por 5.000 dólares, mientras que en su Hoja de Vida de Candidato al JNE había declarado ser dueño de un solo departamento.
Aquí puede ingresar a la lista antifranja de Porky, versión 2026. 👇
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