“Este señor es el gran enemigo del Perú. Debe salir del Perú, lo digo claramente, hace mucho daño”, afirmó primero el alcalde de Lima, refiriéndose a Gustavo Gorriti. Los ataques se redoblaron después cuando propuso la reinstauración de los tribunales militares.
“A un terruco urbano que es un objetivo militar hay que juzgarlo en un tribunal militar. Si va a un tribunal fiscal, sale al toque. Estamos mal ahí. Vamos poniendo los puntos sobre las íes. Tribunal militar. ¿Cuál es el miedo?¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero. Volvamos a poner tribunal militar porque estamos en guerra”, expresó con total impunidad.
“Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero” fue la frase disparada por López Aliaga que no debería quedar impune. Y la dijo en un contexto en que se vienen lanzando graves amenazas contra la libertad de expresión.
Estas son las imágenes del ataque furibundo del alcalde de Lima contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros.
Ese mismo día, el alcalde de Lima también señaló en su discurso que la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un juicio por presuntos aportes millonarios de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014, es “socia” del periodista Gorriti y que ambos conforman un “conjunto de gente corrupta que se ha ensañado con el Perú”.
Gorriti, de 75 años de edad, es un periodista de larga trayectoria, desde IDL Reporteros ha liderado proyectos de investigación contundentes que han puesto en jaque las redes de corrupción política y económica en el país, entre ellos el caso de “Los cuellos blancos”.
Desde el 2019 el veterano periodista ha sido blanco de amenazas, hostigamientos y campañas de estigmatización en su contra públicamente y a través de redes sociales.
Las últimas declaraciones de López Aliaga contra Gorriti ocurren en un contexto alarmante para el ejercicio del periodismo en el Perú. En julio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Gorriti, al considerar que se encuentra en una situación de riesgo.
Y no son hechos aislados. Desde hace unos meses atrás que el gobierno de Dina Boluarte y sus satélites cogobernantes han desplegado un complot de ataques contra la prensa desde diferentes frentes. Nuestra colaboradora, la periodista Karla Ramírez Camarena, jefa de la unidad de investigación de Panamericana TV, denunció públicamente, hace dos semanas, que desde la Dirección de Inteligencia del gobierno de Dina Boluarte habrían planificado un atentado en su contra, “disfrazado de delincuencia común violenta”. Estas amenazas surgen después de las revelaciones periodísticas que dirigió Karla Ramírez en Panorama sobre los nexos entre Nicanor Boluarte y Juan José Santivañez para favorecer a la mina el Dorado.
Por estos días también la Procuraduría Anticorrupción, que depende del ministerio de Justicia, solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, quienes investigan casos de corrupción.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), frente a la amenaza que hizo el alcalde de Lima contra Gustavo Gorriti, emitió un pronunciamiento
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió enérgicamente las amenazas proferidas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros.
“Expresiones de este tipo constituyen una incitación al odio y ponen en grave riesgo la seguridad personal de un periodista reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación contra la corrupción y su compromiso con el periodismo independiente”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.
En marzo pasado, una misión de la SIP a Perú alertó sobre un grave deterioro de las libertades de prensa y de expresión. La delegación constató “la creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales”.
Entre 2023 y 2024 Perú cayó del puesto 12 al 16 de 22 países evaluados, ingresando en la categoría de “alta restricción” de las libertades de prensa y de expresión.
