Juan José Santivañez se ha convertido en “el hombre que no podía irse” del gobierno de Dina Boluarte. Gracias a sus malas artes se ha arrogado el papel de mal necesario dentro de un régimen que cada vez se distancia de los valores democráticos, desprecia la institucionalidad y hace gala de la impunidad. El prontuario de acusado de Juan José Santivañez sólo es superado por el que ostenta de acusada la ocupante de Palacio de Gobierno.

En el ministerio de Justicia dan por hecho que Juan José Santivañez sería el cerebro detrás de la maniobra de querer enviar al penal de Lurigancho al expresidente Martín Vizcarra. Su torpe idea de golpear moralmente al ex mandatario con la noticia de que cumpliría su prisión preventiva en uno de los penales más hacinados del país le gustó a Boluarte y dio luz verde al anuncio. Esa “hazaña” lo validó para su reentré en el Ejecutivo de manera sorpresiva.

Si Santivañez logra permanecer en el gabinete de Boluarte, pese a todas las acusaciones en su contra, desde su posición de ministro de Estado, tendría la potestad de utilizar el INPE, la Comisión de Gracias Presidenciales y las Procuradurías Públicas a su antojo. Y también podría dar prioridad y avalar los proyectos de ley provenientes del Congreso que impliquen el visto bueno del MINJUS.

Otro encargo especial de Dina Boluarte que pondrá sin duda en manos de su incondicional ministro Santivañez será la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde hace unos meses, Dina Boluarte ya había encargado al despacho de Justicia, organizar reuniones en diferentes regiones del país para que miembros de la sociedad civil discutan sobre la aplicación de la pena de muerte. Para lograr esto, el Perú tendría que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Perfil que no encaja

Para tener una idea del papel nocivo que podría desempeñar Santivañez en su retorno al Poder Ejecutivo recordemos cuáles son las principales atribuciones de un ministro de Justicia en el Perú, según la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia: Formular, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales del sector en materia de acceso a la justicia, derechos humanos, defensa jurídica del Estado a nivel nacional e internacional, política penitenciaria, regulación notarial y registral y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.

En cuanto a política del sector, el ministro de Justicia dirige, coordina y ejecuta las políticas nacionales en materia de justicia y derechos humanos. En lo concerniente a la defensa jurídica del Estado, asesora y defiende los intereses del Estado, formulando y ejecutando políticas para la lucha contra la corrupción. En cuanto al acceso a la justicia y los Derechos Humanos, promueve y facilita el acceso a la justicia formal y alternativa y ejecuta políticas en materia de DD.HH. Se encarga de la política penitenciaria y, por último, promueve y fortalece la coordinación nacional e internacional con organismos relacionados a la administración de justicia.

Los antecedentes

Santivañez está implicado en casos de sobornos y corrupción como abogado. Dos testigos protegidos revelaron ante el Ministerio Público que el ahora flamante ministro de Justicia pedía sobornos a clientes para influir en las investigaciones y decisiones de fiscales y jueces. Las sumas variaban entre 60 mil soles y 60 mil dólares. Para tales propósitos, incluso se habría relacionado con la jueza Enma Benavides, famosa por ser la presunta liberadora de narcotraficantes a cambio de jugosas coimas. Un general de la PNP, Héctor Petit, denunció que desde el estudio de abogados de Santivañez le llegaron a pedir 64 mil soles para evitar medidas restrictivas en su contra. Actualmente hay una carpeta abierta en la fiscalía por este caso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

-Fue relacionado con tres depósitos sospechosos y presunto intento de sobornar al Tribunal Constitucional. En enero de 2024 se detectaron tres depósitos en cuentas ligadas a Santivañez: 10.000 dólares, 9,700 dólares y 300 dólares. Estos movimientos bancarios coincidían con la tramitación de un recurso ante el TC que buscaba liberar a un expolicía condenado. Algunos testigos mencionan que Santivañez pedía “dinero para asesores externos” dentro del TC.

-Siendo ministro fue acusado de intentar liberar a un expolicía preso, usando sus contactos en el TC, el INPE y el ministerio de Justicia. Pidió 20 mil soles como honorarios y 20 mil dólares como un pago adicional para “mover influencias”, que es lo mismo que sobornar. Sobre este caso, la Corte Suprema está evaluando si formaliza una investigación preparatoria con acusación directa.

-Allanamientos. En marzo de 2025, la Fiscalía realizó dos allanamientos a la casa de Santivañez. Entre los hallazgos, se encontró un celular de su esposa, una llave de su estudio jurídico y un manuscrito con el nombre de un policía investigado.

-La Diviac y los audios comprometedores. Se filtraron audios de Santivañez y el capitán Junior Izquierdo en los que se evidenciaba presuntas presiones para desactivar la División de Delitos de Alt Complejidad (DIVIAC), unidad clave contra el crimen organizado y la corrupción policial. El 2 de junio de 2025 el juez supremos Juan Carlos Checkley autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones al dispositivo entregado por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, denominado “Capitán Culebra”, en investigación seguida contra el entonces ministro Santivañez, por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado.