Fue apenas dos semanas primera ministra de Pedro Castillo y también ministra de Trabajo y de Cultura, lleva dos años y dos meses de prisión preventiva y una semana de huelga de hambre seca. Betssy Chávez hizo pública, días atrás, una carta testamentaria y ha dicho que está dispuesta a morir si no son atendidas sus demandas que no son nada descabelladas. Lo que solicita a las autoridades competentes, llámese Ministerio de Justicia e INPE, es su traslado a otro penal, debido a las represalias y amenazas que se habrían dado en su contra, luego de que ella denunciara por corrupción, maltrato, chantaje sexual y cobro de cupos a Nelly Aquino, directora del Penal Anexo de Mujeres, donde se encuentra actualmente purgando una prisión preventiva que fue ampliada hasta el 29 de marzo de 2026.

La abogada Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) visitó el martes 26 de agosto a Betssy Chávez en el penal. Acudió junto a otros representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertados por las declaraciones de su abogado en el sentido de que podría morir debido a los rigores de su extrema medida de protesta: no ingerir alimentos ni líquidos.

Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) visitó a Betssy Chávez en el penal.

“La encontramos de buen ánimo. Nos dijo que había aceptado que la revisara el médico legista del Ministerio Público porque no quería que la viera el médico del INPE. Nos contó que la habían encontrado con la presión alta y un poco deshidratada. También nos dijo que su caso estaba ya en la Fiscalía de Derechos Humanos”, cuenta Cano. Ese día de la visita, Chávez llevaba tres días sin ingerir alimentos. Cano menciona que le planteó directamente a la exfuncionaria de Pedro Castillo qué tendría que pasar para que depusiera su huelga de hambre y ella respondió que “la única manera era su traslado a otro penal”.

Requerida por la comitiva, la directora del penal, Nelly Aquino, dijo a Cano y a los otros representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos, que había informado y dado su opinión positiva para el traslado de Betssy Chávez a otro penal, que podría ser el Virgen de Fátima. “Ella nos pide que hablemos con el jefe del INPE, incluso nos pide si podemos interceder para ese traslado, porque ella ya había dado su opinión favorable”, relata Cano. Así las cosas, entonces, ¿por qué el INPE y el Ministerio de Justicia entrampan una decisión donde está en juego la vida de una persona?

Cano también mencionó que le preguntó a Betssy Chávez si había permitido que le apliquen algún suero intravenoso, pero ella indicó que no está dejando que la hidraten, algo que fue corroborado por las autoridades del penal. A medida que transcurren los días la situación de salud de Betssy Chávez podría agravarse aún más.

Cano también relató a La Pista Clave que durante la visita se les acercaron algunas internas del Pabellón que comparten con Betssy Chávez y de alguna manera rechazaron las denuncias que había hecho, en el sentido de que no era exacto lo que decía, pero pedían que se diera solución al tema. “Nos mostraron la biblioteca que recién habían inaugurado. Nos dijeron que habían conseguido que se les repusiera una tercera visita, que les habían vuelto a dar visitas de los médicos y les permitían que los familiares les llevaran alimentos. Las delegadas estaban contentas, pero a su vez temerosas de que con las denuncias recientes se les quitaran esos avances”, dice Cano.

Al momento de la visita, Betssy Chávez estaba con su abogado. De acuerdo al relato de Cano, Chávez comparte su cuarto de celda con otra persona. “Recorrimos los ambientes del pabellón, cuentan con un hervidor y un televisor”

A Betssy Chávez se le acusa de ser la instigadora del fallido intento de “golpe de Estado”, que se redujo a una televisada y temblorosa declaración de Pedro Castillo. La carpeta de la acusación fiscal del caso fue creación de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides y en ella se pide 25 años de prisión para Chávez y 34 años para Castillo.

El último jueves 27 de agosto, Chávez se presentó ante la Sala Plena de la Corte Suprema visiblemente debilitada y delgada, como producto de los rigores de su huelga de hambre. Participó del proceso judicial que presuntamente la involucra en el intento de golpe de Estado encabezado por Castillo en diciembre de 2022. Ese día el médico legista Ruver Páucar Silva, dio cuenta de su estado de salud, tras haberla revisado la noche anterior y esto fue lo que dijo:

“Ayer la paciente, en horas de la noche, tuvo una evaluación (…), era su quinto día de ayuno permanente y había denotado signos de deshidratación, había registrado un episodio de “melena” que es un proceso asociado a deposiciones oscuras, que es producto, lo más probable de un sangrado digestivo, a lo que se ha sumado ahora calambres musculares (…) por lo inestable que estaba, se había solicitado una evaluación médica hospitalaria, requiere ciertos exámenes auxiliares (…) está clínicamente inestable, con una deshidratación leve a moderada, a descartar una hemorragia digestiva alta y un desequilibrio electrolítico”, indicó el médico.

En su intervención, Betssy Chávez señaló que no rechaza una atención médica, pero pide que no sea propiciada por el INPE. “La acepto (la asistencia médica) de parte del Ministerio Público, más no la del INPE, porque vienen dando comunicados falsos en contra de lo que dice el médico del establecimiento penitenciario (…) Por más que el doctor informe algo, la dirección del INPE emite comunicados en contra de lo que dice mi historia clínica. Por eso me he mostrado renuente a que el INPE me siga atendiendo”, expresó.

Solicitud que tiene lógica en tanto ha denunciado a la directora de ese penal por supuestos cobros de cupos, hostilizaciones y chantaje sexual.

Chávez también pidió a la Sala los informes que el INPE estaría usando en su contra para enviarla a una celda de castigo. Ese día también se refirió a “los informes difamatorios” que desde el INPE se habrían filtrado a medios como Willax para desatar una campaña de desprestigio en su contra.

“Pediría que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad me pueda acompañar a la clínica para los exámenes auxiliares sobre mi hemoglobina y otros exámenes correspondientes con la compañía de esta fiscalía, más no del INPE”, insistió.

Que se recuerde, el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, fue favorecido con sendas juntas médicas en diferentes fechas, donde también estuvo presente un representante de la Defensoría del Pueblo. Es más, no murió en su celda misma, sino en el tópico de la Base Naval del Callao. Igualmente, Alberto Fujimori entraba y salía del penal de Barbadillo hacia su clínica favorita en repetidas oportunidades y en las juntas médicas que lo evaluaban siempre estaba presente su médico de cabecera Alejandro Aguinaga.

La Defensoría del Pueblo del señor Josué Gutiérrez, muy presto para interceder a favor de Dina Boluarte, no atendió las llamadas que hicimos a los funcionarios competentes, por ejemplo, al doctor Piero Villena Escalante, Director de la Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos. El mismo día que hicimos la consulta sobre su participación en este caso, lo que se nos alcanzó fue un comunicado dando cuenta que ese mismo día la Defensoría del Pueblo había solicitado ante el Tribunal Constitucional “nuestro apersonamiento, en calidad de amicus curiae, en el proceso de hábeas corpus seguido a favor de la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino”. En ese afán, detalla la Defensoría de Pueblo, busca aportar una apreciación jurídico-técnica en cuanto al respeto al plazo de la prisión preventiva, como garantía indispensable frente a la arbitrariedad y en resguardo de la presunción de inocencia, rol de hábeas corpus en la protección de la libertad personal y principio de igualdad ante la ley, que asegura que todas las personas reciban un trato jurídico uniforme, sin privilegios indebidos ni discriminaciones arbitrarias.

Dos días antes de que Betssy Chávez se presentara en el juicio oral, el martes 26 de agosto, una delegación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), había visitado el penal de mujeres anexo de Chorrillos para verificar la situación de la ex ministra, “en atención a las preocupaciones expresadas por su defensa respecto a su estado de salud y a las denuncias formuladas por ella misma”, señala la CNDDHH en un comunicado.

Sobre las condiciones de reclusión de Chávez, la delegación de DD.HH, verificó que “ocupa un ambiente en el pabellón 1, segundo piso, en una zona denominada “cabinas” que comparte con otra interna y que cuenta con mejores condiciones que las celdas comunes, incluyendo un televisor y un calentador de agua. Todo el pabellón además tiene acceso a un patio común, apreciándose la instalación de teléfonos públicos utilizados por las internas para sus comunicaciones, así como una biblioteca pequeña, surtida de libros diversos”, señala el comunicado de la CNDD.HH.

De otro lado, la Coordinador de DD.HH. también menciona que Chávez reiteró su decisión de continuar con la huelga de hambre seca como medida de protesta hasta que se disponga su traslado al penal Virgen de Fátima, solicitud que ha planteado junto con otras dos internas. “Informó, además que sus denuncias ya son investigadas por dos fiscalías y que la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio Público vienen interviniendo en el caso”.

La delegación, integrada por Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDHH; Jennie Dador, exsecretaria ejecutiva de la CNDDHH; Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Silvia Alayo, representante de a Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); dejó constancia que al momento de la visita, Chávez se encontraba conversando con su abogado y que también sostuvieron reuniones con la directora del penal, personal penitenciario, delegadas e internas y que desde el 26 de agosto un médico legista la viene evaluando de manera diaria. “La señora Chávez confirmó esta atención y señaló que presenta la presión un poco elevada y cierto nivel de deshidratación”.

Por último, los representantes de las organizaciones de derechos humanos, hicieron un llamado al INPE a “atender el traslado de la Sra. Chávez, en el marco de sus obligaciones de garantizar la seguridad y dignidad de todas las personas privadas de libertad”.

Hasta el momento el INPE responde que no existen pruebas de malos tratos y que Chávez no ha solicitado personalmente el traslado de prisión.

En manos del Tribunal Constitucional se encuentra un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Chávez para que sea liberada, señalan como principal argumento que la prolongación de la prisión preventiva contra la exprimera ministra se dio cuando ya había vencido el primer plazo de 18 meses.

En efecto, el 19 de diciembre de 2024, Betssy Chávez había cumplido los 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra el 20 de junio de 2023. Ese día los abogados de la ex primera ministra solicitaron al juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que ordene de inmediato su excarcelación, sin embargo, el juez supremo amplió por 15 meses más el plazo de prisión preventiva y dispuso que Chávez Chino continúe en la cárcel mientras sigue la investigación en su contra por el presunto delito de rebelión. Es así que Chávez Chino recién podría afrontar su juicio en libertad a partir del 19 de marzo de 2026.